La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante cifra relacionada con la administración municipal en Chile: más de 106 mil funcionarios que, aunque recibieron salarios o honorarios entre 2022 y 2023, no están debidamente registrados en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Este descubrimiento se originó a partir de un análisis exhaustivo de los datos consignados en este sistema, que busca garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. La falta de registro oficial de estos funcionarios plantea serias dudas sobre la gestión y control interno de las municipalidades, lo que podría llevar a posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Para llevar a cabo esta investigación, la Contraloría implementó dos estrategias esenciales. Primero, se diseñó un Plan de Monitoreo y Control Municipal, que permitió supervisar el cumplimiento de las obligaciones de registro de los funcionarios municipales. Segundo, se ejecutó un análisis comparativo de los datos entre las declaraciones de renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la información contenida en el SIAPER. Esta metodología reveló discrepancias significativas que merecen la atención de las autoridades pertinentes, ya que evidencian una gestión ineficaz en algunos municipios.
De las 345 municipalidades presentes en el país, solo 231 han cumplido efectivamente con los trámites necesarios para registrar a sus funcionarios en el SIAPER. Según las cifras proporcionadas por la CGR, un preocupante 43% de los actos administrativos informados no corresponden a registros en la plataforma correspondiente, lo que implica una falta de seguimiento en las normativas establecidas. Los municipios de Arica, Caldera y Huara se destacan como los que presentan la mayor cantidad de funcionarios no registrados, lo que podría sugerir una tendencia preocupante a nivel nacional.
Entre los municipios que lideran el ranking de personas no registradas se encuentran Santiago, Talcahuano y El Bosque. Este fenómeno no solo afecta la correcta administración de las municipalidades, sino que también pone en riesgo la transparencia en el uso de recursos. La presencia de más de 106 mil funcionarios sin un registro oficial es un tema de gran preocupación para los ciudadanos y las autoridades, quienes exigen claridad sobre el destino de los fondos públicos y el cumplimiento de las normativas laborales.
Ante esta situación, es imperativo que los organismos supervisores tomen medidas adecuadas para asegurar un cumplimiento estricto de las leyes y regulaciones relacionadas con el empleo municipal. La falta de registro de funcionarios no solo es un incumplimiento administrativo, sino que también puede acarrear consecuencias legales para los municipios implicados. La Contraloría ha instado a todas las municipalidades a regularizar esta situación a la brevedad posible, fomentando un entorno de transparencia y responsabilidad en la gestión pública que favorezca a todos los ciudadanos.
