Durante el año 2025, las autoridades chilenas llevaron a cabo un total de 39 fiscalizaciones en el territorio nacional, con un enfoque notable en las regiones de Valparaíso y la Región Metropolitana, que concentraron más del 80% de las operaciones. Este incremento en la vigilancia y control refleja la creciente preocupación por el contrabando de cigarrillos, un delito que ha evolucionado en complejidad y violencia. Según un informe de ALTO Chile, de las 39 fiscalizaciones, 29 resultaron en incautaciones efectivas, logrando una tasa de éxito del 74%. Este resultado sugiere que las operaciones han sido ejecutadas con una planificación cuidadosa y basada en inteligencia, evidenciando el compromiso de las fuerzas del orden en la lucha contra este flagelo.
Las cifras proporcionadas por ALTO Chile revelan un panorama alarmante: durante el año, se incautaron un total de 32.871 cajetillas de cigarrillos, lo que se traduce en una pérdida cercana a $32 millones para el Estado. La distribución de estas confiscaciones se realizó principalmente en puntos de venta minorista como kioscos y almacenes, así como en operativos dirigidos a la distribución mayorista. Valparaíso se destacó con 18 fiscalizaciones (46% del total), seguida de la Región Metropolitana con 14 (36%) y la Región de O’Higgins con 7 (18%), lo que subraya el papel crítico de estas regiones como corredores clave en la cadena de contrabando.
El contrabando de cigarrillos en Chile ha encontrado su raíz en la introducción de un impuesto específico a la producción nacional tras el terremoto de 2010, creando una brecha de precios que ha sido aprovechada por organizaciones criminales. Con un precio promedio de $4.600 por cajetilla de cigarrillos legales, los cigarrillos de contrabando, que se venden a aproximadamente $1.200, se han convertido en un negocio altamente lucrativo. Las bandas criminales han implementado métodos logísticos sofisticados que utilizan rutas establecidas, puntos de transbordo y vehículos diseñados para evitar los controles de seguridad, lo que hace que el contrabando se asemeje en su operativa al tráfico de drogas.
Sin embargo, los impactos del contrabando van más allá de lo económico; la violencia ha comenzado a enraizarse en la economía del contrabando de cigarrillos, con informes de homicidios y enfrentamientos armados entre grupos delictivos por el control de esta actividad. Eduardo Hernández, gerente legal de ALTO Chile, ha destacado que «la violencia se ha instalado en esta cadena delictual, convirtiendo un delito inicialmente económico en una amenaza real para la seguridad pública». La baja penalidad asociada al contrabando en comparación con el narcotráfico ha incentivado a más organizaciones a involucrarse en este lucrativo negocio, lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos violentos.
Ante esta situación, ALTO Chile ha implementado una estrategia centrada en abordar el último eslabón de la cadena de distribución, enfocándose en los puntos de venta minorista. La idea es que, al fiscalizar a los comerciantes, se desincentive la venta de productos de contrabando y se reduzca la capacidad de las bandas para acceder al mercado. Con un promedio de 2.457 cajetillas incautadas por operación, los esfuerzos están siendo efectivos en la identificación de centros de almacenamiento y distribución. Esto forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar la infraestructura del contrabando y mantener la seguridad en las comunidades afectadas.
