El caso de los hinchas muertos tras los incidentes en el acceso al Estadio Monumental, ocurrido el jueves 10 de abril, ha dado un giro inesperado que podría complicar aún más la situación para Carabineros y el Gobierno chileno. Según un informe reservado de la institución policial, testimonios de testigos presenciales contradicen la versión oficial de que las víctimas fueron aplastadas por una reja metálica durante el tumulto. Ciper, medio que ha destapado esta información, destaca que el carro policial habría atropellado directamente a las dos víctimas, un hecho que podría tener consecuencias disimuladas en el discurso público y la imagen de Carabineros.
Los testigos presenciales identificados en el informe son la cabo 1a Jocelyn Soto, y dos civiles, Luis Espinosa y Nicolás Cuevas, quienes aseguran que el vehículo avanzó sin detenerse hacia el grupo de personas que intentaban escapar de la situación caótica en el acceso al estadio. Este relato es alarmante, ya que presenta una imagen de una acción policial descontrolada que podría señalar una grave falta de protocolo en la gestión de multitudes.
La crónica de Ciper también muestra que las víctimas, Martina y Mylán, estaban a una distancia de entre uno y dos metros de las vallas de contención cuando fueron embestidas por el automóvil de Carabineros. Testigos relatan que Martina tropezó mientras intentaba levantarse del suelo, un momento trágico que se vio culminado por la falta de maniobras del vehículo para evitar el atropello. La decisión de Ciper de no reproducir la crudeza de estos relatos añade un nivel de gravedad a la discusión sobre la respuesta de las fuerzas del orden.
La versión oficial de que las víctimas fueron aplastadas por una reja que cayó tras el paso del carro policial se desmorona ante estas nuevas evidencias. Según indicó Ciper, esta versión parecía haberse originado en las comunicaciones internas de uno de los ocupantes del vehículo, lo que plantea interrogantes sobre la veracidad de las declaraciones hechas por Carabineros. Sin registros de cámaras corporales o de los carros involucrados, el caso se complica aún más, dejando un vacío de transparencia en los procedimientos de la policía.
Además, la respuesta de los ocupantes del vehículo también causa inquietud, ya que dos de ellos se han acogido al derecho a no declarar, mientras que el tercero afirmó que no se percató de lo sucedido, reduciendo aún más la posibilidad de esclarecer los hechos. Esta falta de cooperación, unida a las graves acusaciones surgidas del informe de Ciper, genera un clima de desconfianza en la ciudadanía hacia la actuación de las fuerzas del orden en situaciones críticas, lo que podría repercutir negativamente en la percepción pública y en futuras gestiones de orden público.
