Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha sacado a la luz múltiples falencias en los controles de seguridad y la gestión administrativa de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil. En su Informe N° 60 de 2026, se detalla que el proceso de inscripción y reposición de Placas Patentes Únicas (PPU) enfrenta irregularidades preocupantes. Entre estas se incluye la inadecuada entrega de información necesaria a las autoridades de Carabineros, lo cual afecta directamente la capacidad de estas fuerzas del orden para realizar su trabajo de fiscalización de vehículos en circulación, según informa Meganoticias.
Uno de los puntos críticos reportados es la omisión de informes requeridos a Carabineros. Durante el año 2024, el Registro Civil solo se dignó a enviar cuatro informes sobre las inscripciones de vehículos que fueron rechazadas. Sin embargo, la ley establece que tal información debe ser entregada mensualmente, dejando a la policía sin datos clave que le permitan llevar a cabo las investigaciones necesarias. Este tipo de errores administrativos no solo comprometen la seguridad vial, sino que también generan una falta de confianza en las instituciones encargadas de velar por el orden público.
La auditoría también puso de manifiesto graves deficiencias en los protocolos de destrucción de placas provisorias. En gran parte del año analizado, no se llevaron a cabo actas de destrucción formalizadas ni se realizaron inventarios oficiales de las patentes eliminadas. El respaldo del proceso consistió únicamente en hojas de Excel con listados referenciales, lo cual es inadecuado y provoca un estado de desorganización que fácilmente puede dar lugar a corrupción y mal uso de las patentes.
Además de los problemas administrativos, el informe destacó las brechas tecnológicas que enfrenta el servicio. La Contraloría advirtió que la falta de herramientas automatizadas obliga a los funcionarios a realizar múltiples verificaciones manuales, un proceso propenso a errores que puede prolongar aún más el tiempo de tramitación de solicitudes. Esta falta de modernización impacta negativamente en la eficiencia del servicio y pone en riesgo la correcta gestión de su información, vulnerando la confianza pública y la seguridad de los ciudadanos.
Como consecuencia de los hallazgos, se ha iniciado un proceso disciplinario interno para identificar a posibles responsables de estas irregularidades y la Contraloría ha instado a implementar un paquete de medidas urgentes destinadas a fortalecer los controles internos del Registro Civil. La situación exige una pronta y efectiva respuesta para garantizar la transparencia y seguridad en la gestión de las Placas Patentes Únicas, así como para restaurar la fe del público en las instituciones que sirven a la comunidad.
