El Hospital San José se encuentra en el ojo del huracán tras la reciente denuncia de corrupción que salpica a su nuevo director, Aldo Yáñez Vera, quien asumió su cargo el 14 de abril. En un panorama caótico, se le acusa de fraude al fisco y negociación incompatible, lo que ha intensificado la crisis interna del recinto asistencial. Yáñez es señalado como el principal protagonista de un escándalo relacionado con la contratación de servicios de aseo, un hecho que ha generado fricciones entre distintos equipos médicos y la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Este conflicto se ve agravado por las reiteradas observaciones de la Contraloría, que ya ha objetado esta contratación en tres ocasiones durante el año en curso, destacando un prejuicio fiscal que supera los dos millones de dólares.
La denuncia presentada por el médico cirujano Jorge Ramírez Velásquez ante la fiscalía detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa LIM Chile, a la cual se le otorgó el servicio de aseo pese a que ofertó precios significativamente más altos que una competidora. Este hecho responde a un patrón de comportamiento que vincula a Yáñez con decisiones tomadas por su antecesor, Antonio Infante Barros, quien enfrenta también querellas por prevaricación administrativa. La falta de acción en este sentido ha sido interpretada como una «omisión negligente e inexcusable», lo que pone en duda la integridad de la gestión de ambos en un hospital que vivió años de malestar por la falta de recursos y transparencia en la administración.
Recientes correos internos revelados por INFOGATE revelan una serie de presiones ejercidas por los funcionarios del hospital para apurar pagos a LIM Chile, compañía que, según las denuncias, estaría operando fuera del marco legal. Funcionarios como Milena Fuentes Flores, jefa de la unidad de administración de contratos, han enviado solicitudes reiteradas para la autorización de órdenes de compra, a pesar de la ausencia de un respaldo legal adecuado por parte de la Contraloría, lo que nuevamente pone de manifiesto un posible colapso en los protocolos administrativos del hospital San José. La insistencia en mantener el trato con LIM Chile a pesar de las irregularidades indicadas podría estar alimentando un ciclo de corrupción que debe ser abordado con urgencia.
A medida que las presiones por regularizar los pagos aumentan—con deudas que superan los 2 millones de dólares a abril de 2025—las interacciones entre los empleados del hospital y su unidad jurídica revelan un entorno sumido en la incertidumbre y el desorden. La esperanza de la comunidad hospitalaria se centra en la Contraloría General de la República, cuyo papel es fundamental para recuperar la transparencia y confianza en el sistema. Sin embargo, la continuidad de Yáñez y otros directivos en sus roles despierta dudas sobre la capacidad del sistema para manejar las irregularidades y poner fin a las prácticas corruptas.
El consenso entre los trabajadores del hospital es claro: el actual estado de affairs en el Hospital San José es inaceptable y, de no tomarse medidas adecadas, podría convertirse en un símbolo de la crisis sanitaria que afecta al sistema de salud en Chile. La comunidad hospitalaria está demandando respuestas y acciones contundentes, cuestionando cómo es posible que personas involucradas en señalamientos tan graves continúen administrando recursos públicos y contratos millonarios sin rendir cuentas. Se exige una investigación exhaustiva que lleve a la luz todas las irregularidades y asegure que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
