Un análisis profundo realizado por el economista Fernando Cabrales, de la Universidad de Tarapacá, revela la preocupante situación económica que enfrentan miles de familias chilenas, atrapadas en un ciclo de deudas para el pago de servicios básicos como la luz y el agua. El conocido dicho popular «desvestir un santo para vestir otro» se ha vuelto una dolorosa realidad para muchas de estas familias, que deben optar entre cubrir el gasto de uno u otro servicio, dado que sus ingresos no son suficientes para atender ambas obligaciones simultáneamente. Cabrales señala que este fenómeno de «bicicleta financiera» se ha convertido en una práctica habitual, donde se alternan los pagos de servicios, lo que a su vez está contribuyendo al aumento de las deudas acumuladas.
Según los datos expuestos por Cabrales, alrededor de 1.200.000 clientes en Chile son actualmente deudores de servicios esenciales, un problema que se ha visto agudizado por la crisis económica que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Durante el periodo crítico, se prohibieron los cortes de servicios básicos y se congelaron tarifas, lo que, aunque fue un alivio temporal, dejó a muchas familias en una situación de asfixia financiera una vez que se levantaron dichas medidas. El regreso a la normalidad implicó la reactivación de tarifas y cobros que muchos no podían asumir, incrementando así la presión sobre sus finanzas personales.
El economista destaca que, a pesar de la inefabilidad de estas deudas, la legislación actual en Chile no permite que los impagos de servicios básicos sean reportados a los registros de deudores, como DICOM. Este vacío legal ha permitido que muchas familias continúen acumulando deudas sin ver afectado su historial crediticio, creando una sensación de impunidad que complica aún más la situación financiera del país. Cabrales advierte que, al no haber repercusiones en el acceso a créditos, estas deudas se convierten en un asunto que, si bien afecta a los proveedores de servicios, tiene consecuencias aún más amplias para la economía y la estabilidad de las familias.
En un contexto de actividad económica decreciente y aumento del desempleo, la situación es desalentadora. Los informes indican que alrededor de 4.000.000 de clientes en Chile enfrentan deudas insolutas no solo con proveedores de servicios básicos, sino también con tarjetas de crédito y otros compromisos financieros. Este panorama pone de manifiesto una crisis de endeudamiento que podría propiciar un colapso en los niveles de vida de las familias chilenas, quienes luchan por mantener un estándar mínimo en un entorno económico adverso. La capacidad de las familias para manejar sus finanzas ha disminuido drásticamente, generando un ciclo de pobreza y vulnerabilidad.
Cabrales concluye su análisis afirmando que la situación requiere una mirada integral que contemple medidas de apoyo y regulaciones más efectivas para proteger a los consumidores. La necesidad de educación financiera y de fomentar un diálogo sobre la reestructuración de deudas se vuelve crucial. Con el objetivo de ayudar a las familias a salir de este ciclo vicioso, es imperativo que tanto el Estado como las instituciones financieras busquen alternativas que permitan aliviar la carga financiera de los ciudadanos, asegurando así un futuro más sostenible para la economía chilena.
