La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado a Nacho Cano sin acusaciones en el caso de los becarios del musical Malinche, cerrando así un capítulo que se abrió con su detención en julio de 2024. Los magistrados han considerado que los bailarines mexicanos que llegaron para formarse en su espectáculo no cometieron irregularidades en su entrada al país, lo que refuerza la defensa del productor, quien ha alegado que su arresto fue producto de un complot político debido a su apoyo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Cano, conocido por su carrera con Mecano, ha aprovechado esta oportunidad para destacar su situación como una persecución por motivos ideológicos, argumentando que se ha intentado criminalizar su trabajo cultural sin fundamentos claros.
El caso se inició tras la denuncia de una becaria, Leslie Guadalupe, que alegó malas condiciones laborales y sugirió que los bailarines habían sido introducidos en España bajo falsos pretextos. Sin embargo, los jueces del tribunal han descartado esta línea de investigación, señalando que, aunque se presentaron indicios que justificaron la apertura del caso, las condiciones laborales eran comparables a las que se han observado en otras empresas con becarios. Esta conclusión ha llevado a un sobreseimiento que, a los ojos de Cano, valida su afirmación de que todo fue un intento de desacreditarlo por su vinculación política.
Cano ha utilizado esta controversia para reforzar su imagen pública, incluso comparando su situación con momentos de represión histórica en España. En declaraciones tras su liberación, manifestó que no dejaría que estas circunstancias lo derribaran. La respuesta de Ayuso a la decisión judicial ha sido celebratoria, añadiendo más leña al fuego de la relación entre el ámbito cultural y la política en Madrid. Este episodio no solo refleja la tensión entre el arte y la política, sino que también pone de relieve el complicado entramado de relaciones en torno a figuras públicas con inclinaciones políticas claras.
A pesar de la conclusión del caso penal en favor de Cano, la situación administrativa de los becarios sigue siendo motivo de debate. Varios de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de España, mientras que los juzgados de lo social están examinando sus despidos y condiciones laborales. Parte de la jurisprudencia reciente también ha planteado cuestiones sobre si el proceso de permitir la entrada de estos jóvenes como turistas puede ser considerado irregular desde un punto de vista administrativo. La Audiencia ha dejado abierta la posibilidad de futuras acciones legales, dependiendo de la respuesta de los actores involucrados, incluyendo a la Fiscalía y a las organizaciones que defienden los derechos laborales.
Finalmente, aunque las acusaciones han sido desestimadas, el impacto de este caso sobre el futuro de Cano, Malinche y sus becarios persiste en el aire. La decisión judicial ha papado terreno para que el productor mantenga su versión de los hechos, alimentando su narrativa de víctima de un sistema que, según él, intenta silenciar las voces del arte que desafían las normas políticas. En el trasfondo, la comunidad artística, los abogados y los propios becarios continuarán observando de cerca cómo se desarrollan las próximas etapas de esta saga legal que, aunque ahora archivada, deja una profunda huella sobre las dinámicas de trabajo y las exigencias legales en el contexto cultural español.
