En la última sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, planteó un punto de reglamento que tiene el potencial de alterar las dinámicas parlamentarias actuales. Romero cuestionó la propuesta de modificación del reglamento presentada por el diputado Pier Karlezi para prohibir el uso de teléfonos celulares durante las sesiones. En su intervención, Romero hizo hincapié en que esta medida podría atentar contra la garantía constitucional de la libertad de emitir opinión y de informar, citando el artículo 19 de la Constitución. Este punto ha suscitado un debate intenso sobre la libertad de expresión y el control en el uso de dispositivos electrónicos en el hemiciclo, especialmente tras los últimos acontecimientos que llevaron a un descontrol en las sesiones debido al uso de celulares para transmitir información en tiempo real.
La discusión sobre el uso de celulares ha cobrado mayor relevancia después de que, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, se observaran escenas caóticas de diputados gritando y transmitiendo en vivo en medio de la votación. Esta situación provocó preocupación entre los miembros de la mesa de la Cámara, quienes no solo critican el uso excesivo de dispositivos móviles, sino que también ven en ello una falta de respeto hacia los diputados que están en el uso de la palabra. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, anunció que se evaluaría una modificación al reglamento para impedir que los parlamentarios generen contenido en vivo mientras otros están interviniendo, alegando la necesidad de mantener un ambiente de respeto y orden en los debates.
La propuesta de limitación ha encontrado respaldo y descontento entre los parlamentarios, siendo Sebastián Videla del Partido Liberal uno de los que se opone a la censura del uso de celulares, argumentando que los diputados deben poder informar a sus seguidores a través de redes sociales. Esta disidencia refleja una división creciente dentro del Congreso sobre cómo debe facilitarse la comunicación entre los parlamentarios y sus electores, y plantea un dilema sobre la línea entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden legislativo. La falta de acuerdos en las comisiones parlamentarias para resolver este tema ha llevado a posponer cualquier cambio, lo que aumenta la tensión sobre cómo se desarrollarán las futuras sesiones.
Por otro lado, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha comenzado a proponer nuevas normas para ordenar la forma en que se realizan las intervenciones en la Cámara, argumentando que los puntos de reglamento han sido mal utilizados. El diputado Eduardo Cretton sugirió que solo los jefes de las bancadas deberían tener la capacidad de solicitar la observancia del reglamento, con el fin de evitar que estos puntos se conviertan en meras herramientas de presión política para grabar contenido para redes sociales. Esta medida busca impulsar un debate más fluido y ordenado, promoviendo un ambiente parlamentario más respetuoso y eficaz.
Finalmente, la UDI ha expresado su preocupación por el clima de confrontación que se vive en el Congreso, comparando las recientes escenas de gritos e interrupciones en las sesiones a lo que se vivía en la Convención Constitucional. En un comunicado, los líderes de la bancada hicieron un llamado a actuar con madurez para evitar que la falta de orden se convierta en una costumbre, subrayando que es esencial mantener un enfoque práctico y constructivo. En medio de un clima político tenso y un contexto económico complicado, donde la economía chilena sigue en declive, los parlamentarios están bajo la presión de encontrar formas efectivas de legislar sin caer en la desorganización y el desorden.










