Con la firma de un convenio de colaboración, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA han establecido una innovadora mesa de trabajo orientada a diseñar un piloto de trazabilidad y seguridad digital en el sector fitosanitario. Esta iniciativa busca no solo identificar el origen de los productos, sino también evitar manipulaciones en su distribución, asegurando así la integridad de los insumos agrícolas que llegan al mercado. En un contexto donde la fiscalización y la transparencia son más necesarias que nunca, este acuerdo representa un avance significativo para la regulación de productos fitosanitarios en Chile.
El desarrollo de este piloto incluye la implementación de un sistema de etiquetado que emplea tecnologías de seguridad avanzadas, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación, diseñados por la Casa de Moneda. Esto permitirá a los consumidores y a los reguladores verificar la autenticidad de los productos, prevenir emisiones no autorizadas y facilitar el rastreo a lo largo de toda la cadena de comercialización. La Gerenta Comercial de Casa de Moneda, Ángela Movillo, subrayó la importancia de este acuerdo, afirmando que «estamos comprometidos en desarrollar soluciones que aporten seguridad y trazabilidad en sectores estratégicos de nuestra economía».
A pesar de que existen más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados en Chile, la trazabilidad sigue siendo un desafío. Esto se vuelve especialmente crítico en el marco de normativas como la Ley REP, que exige la trazabilidad de envases, y ante la necesidad de controlar el uso de productos en áreas restringidas como humedales. Por ello, el Director Nacional del SAG enfatizó que «la trazabilidad no es solo una exigencia técnica, es una garantía para el consumidor y un deber del Estado», destacando el compromiso del gobierno por utilizar la tecnología en beneficio de la seguridad pública.
La mesa de trabajo busca consensuar un estándar mínimo de seguridad digital que eventualmente se transformará en una norma nacional. Este esfuerzo tiene como fin no solo el beneficio del estado, sino también dar certeza jurídica al sector privado, que demandaba mejores condiciones para competir en un mercado donde el comercio informal está en aumento. La gerente de Asuntos Regulatorios de ANASAC, María Beatriz Ceardi, expresó la urgencia de contar con mecanismos de trazabilidad, resaltando que «el mercado negro está creciendo, lo que pone en riesgo la seguridad de nuestra agricultura».
Finalmente, la directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, hizo hincapié en la relevancia de avanzar con tecnologías que fortalezcan la trazabilidad y mejoren la seguridad en el uso de fitosanitarios. Esta colaboración entre el sector público y privado es un paso necesario para enfrentar los desafíos actuales en materia de fiscalización y adaptación a estándares internacionales, con el objetivo de que Chile se convierta en un modelo global en trazabilidad fitosanitaria.
