La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi) ha emitido una grave declaración pública en la que denuncia una serie de irregularidades en la Empresa Portuaria Arica (EPA). Según la Federación, estos hechos evidencian un patrón sistemático de violación de derechos fundamentales, así como la implementación de prácticas antisindicales que ponen en riesgo la libertad de organización de los trabajadores. Estas preocupaciones se enmarcan en una preocupación general por el respeto a la normativa laboral, incluyendo el Código del Trabajo y las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificadas por Chile, que garantizan derechos esenciales como la representación colectiva y la libertad sindical.
Un aspecto destacado de la denuncia de Fenatraporchi es el despido de dos trabajadores, con un fuerte vínculo con la actividad sindical. El caso de Raúl Cortez es particularmente alarmante; con más de diez años de dedicación a la EPA, fue desvinculado en medio de un contexto de hostigamiento que, según la Federación, estaría relacionado con su participación activa en el sindicato. Este despido resuena en el marco de una cultura de miedo que puede disuadir a otros trabajadores de involucrarse en actividades sindicales, poniendo en tela de juicio el compromiso de la EPA con los derechos de sus empleados.
Otro caso de despido que Fenatraporchi denuncia es el de Renato Ubillo Ramírez. Este trabajador fue despedido tras haber presentado una denuncia de acoso laboral bajo la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin. La Inspección del Trabajo constató la existencia de conductas de acoso, y la posterior desvinculación de Ubillo se percibe como una represalia directa hacia él por haber ejercido su derecho a denunciar esta situación. La organización sindical considera que este tipo de medidas no solo son una violación a los derechos del trabajador afectado, sino que también envían un mensaje disuasivo a aquellos que pudieran estar considerando expresar sus preocupaciones laborales.
Fenatraporchi alerta que estos despidos no son casos aislados, sino parte de una estrategia mayor para debilitar el movimiento sindical en la EPA. La Federación destaca que es especialmente alarmante cuando estas prácticas provienen de una empresa pública estatal, cuyo deber es proteger y respetar los derechos de los trabajadores. En este sentido, la declaración de Fenatraporchi exige una investigación inmediata e independiente sobre estos hechos, la revisión de los despidos y la implementación de medidas reparatorias, así como el fin de cualquier práctica de hostigamiento contra los trabajadores sindicalizados.
Finalmente, la Federación ha advertido que, si las conductas de la Empresa Portuaria Arica persisten, no dudarán en activarse a nivel administrativo y judicial, así como en realizar denuncias públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. La defensa de los derechos de los trabajadores portuarios se convierte en una prioridad ineludible para Fenatraporchi, que busca hacer valer la voz de sus afiliados ante un sistema laboral que, según consideran, ha fallado en brindar protección y justicia a quienes luchan por condiciones laborales dignas.









