El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se encuentra en una encrucijada tras la solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) que pedía detalles sobre los descuentos aplicados a los profesores que participaron en el paro de 48 horas organizado por el Colegio de Profesores. Cataldo ha decidido no tomar partido ni a favor de la CGR ni del Magisterio, lo que refleja su intención de mantener una posición neutral en un conflicto que ha polarizado a la comunidad educativa. La CGR argumenta que es necesario esclarecer cómo se están gestionando los salarios de los docentes durante estos paros, pero la respuesta del ministro podría tener implicaciones significativas para la relación entre el gobierno, la educación y la política en el país.
Mientras tanto, el líder del Magisterio, Mario Aguilar, ha manifestado su rechazo contundente a los descuentos realizados a los docentes, afirmando que recuperar las clases es posible a pesar de las paralizaciones. Aguilar ha ido más allá y ha acusado a la contralora, Dorothy Pérez, de incurrir en una «colusión política» con el partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI), lo que sugiere que tras la solicitud de la CGR podría haber intereses políticos que van más allá de la administración pública. Este tipo de acusaciones añade una capa de tensión en el ya complicado escenario de la educación en el país.
En una entrevista reciente en Tele 13 Radio, Cataldo enfatizó que la pérdida de clases no es un asunto trivial, destacando que la normalización del calendario escolar es crucial especialmente en el contexto post-pandemia. «Recuperar la normalización de las clases y asegurar que los niños cumplan con su jornada escolar ha sido una de nuestras prioridades», subrayó. Su declaración sugiere que el gobierno está comprometido en recuperar el tiempo perdido en un ámbito educativo que ha sufrido considerablemente debido a las interrupciones por la pandemia y, más recientemente, por los paros.
En cuanto a las mobilizaciones de los profesores, el ministro expresó que en este momento no existen razones válidas para que los docentes continúen con los paros, dado que están comprometidos en un proceso de diálogo y trabajo conjunto. Cataldo parece abogar por el entendimiento entre las partes como una mejor solución que la interrupción de clases, que puede perjudicar a los estudiantes y al sistema educativo en general. Este enfoque conciliador indica una voluntad de construir puentes en lugar de exacerbar la tensión existente.
Finalmente, en relación a la reacción de la CGR, el Ministro Cataldo advirtió sobre los riesgos de prohibir la movilización social, afirmando que tal acción podría afectar gravemente la democracia. No obstante, también destacó la importancia de discernir entre la movilización constructiva y su uso irracional. El ministro concluyó que ambos extremos son perjudiciales: por un lado, la banalización de las protestas puede deslegitimar la causa, y por otro lado, reprimir las movilizaciones puede despojar a los ciudadanos de su derecho a expresarse. Esta postura refleja un intento de equilibrar la necesidad de acción social con el respeto por los derechos democráticos.
