Tras más de una década de espera y controversias, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exsenador Pablo Longueira fueron absueltos en el marco del caso SQM, uno de los escándalos más notorios en la política chilena. Esta decisión se dio a conocer por el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, que criticó de manera contundente a la Fiscalía por la duración excesiva de la investigación y por la abrumadora cantidad de evidencias presentadas, que sumaban 14.000 documentos, muchos de los cuales resultaron ser duplicados.
La presidenta del tribunal, María Teresa Barrientos, no escatimó en reproches hacia las acciones de la Fiscalía, indicando que no se podía contener la «descripción fáctica del dolo tributario» en los casos presentados. Barrientos también enfatizó que la prolongación del proceso judicial constituía una «violación flagrante del derecho» de los acusados a recibir un juicio en un plazo razonable. Como consecuencia de la falta de sustento en la acusación y en un intento por reparar el daño, el tribunal determinó que la única respuesta viable era la absolución.
Este fallo no solo absolvió a Enríquez-Ominami y Longueira, sino que también incluyó a Patricio Contesse, exgerente general de SQM, en una resolución que pone de manifiesto las complicaciones y la falta de agilidad del sistema judicial chileno. El caso SQM, que surgió a partir del escándalo del financiamiento irregular de campañas políticas, había sido observado de cerca por la opinión pública y había generado un debate profundo sobre la corrupción en el sector político.
El exfiscal Carlos Gajardo, quien estuvo al frente de las investigaciones iniciales, lamentó este desenlace, considerando que este fallo representa «el punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política» en Chile. Gajardo señaló que actores como el fiscal nacional Jorge Abbott y el Servicio de Impuestos Internos (SII) jugaron un rol determinante en esta situación de impunidad, resaltando la colaboración entre el sistema judicial y el sistema político que dificultó el acceso a la justicia.
La absolución de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira ha renovado el debate sobre la transparencia y la efectividad de la justicia en Chile, un país que ha estado lidiando con diversos casos de corrupción y falta de confianza en las instituciones. La opinión pública observa con atención cómo se desarrollarán las implicaciones políticas de este fallo y qué medidas se pueden implementar para asegurar que esto no se repita en el futuro, garantizando así un sistema judicial que funcione en beneficio de todos los ciudadanos.
