Tras una intensa espera que se extendió por una semana, el viernes pasado, alrededor de las 19 horas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, finalmente recibió la aprobación definitiva que permitió la transformación de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica en ley. Según informó La Tercera, tras la toma de razón de la Contraloría, el Gobierno procedió a publicar la norma en el Diario Oficial el día sábado. Este hecho marca un hito importante en el proceso legislativo que comenzó con el anuncio de esta reforma por parte del Presidente José Antonio Kast el 14 de marzo, luego de un largo y complejo camino que estuvo plagado de dificultades y retrasos.
El proceso para llevar a cabo esta emblemática iniciativa no fue sencillo. Desde su inicio, la reforma enfrentó una serie de complicaciones, incluyendo discusiones internas y la guerra en Irán, que retrasaron su entrada formal al legislativo hasta el 22 de abril. A partir de ahí, la tramitación se tornó densa y llena de conflictos, incluyendo debates en la Cámara de Diputados, el Senado, y la intervención de una comisión mixta, además de la evaluación de vetos y de la delicada revisión por parte del Tribunal Constitucional, que tardó casi un mes en dar su veredicto final.
El camino hacia la toma de razón no estuvo exento de tensiones. Después de que el Gobierno enviara el decreto promulgatorio a Contraloría el 9 de octubre, la espera por una respuesta se prolongó más de lo esperado. Mientras que en situaciones pasadas este trámite había sido resuelto en menos de 24 horas, el retraso de la contralora Dorothy Pérez generó incertidumbre entre los miembros del Ejecutivo, quienes señalaron que la revisión parecía estar tardando excesivamente, provocando especulaciones sobre posibles inconsistencias en el decreto.
Las preocupaciones del Ejecutivo estaban relacionadas con un artículo que la Corte Constitucional había eliminado, el cual otorgaba indemnización a los inversionistas en caso de anulación de una Resolución de Calificación Ambiental. Sin embargo, el Tribunal no eliminó las normas conexas que hacían posible esa compensación, lo que llevó al Gobierno a enviar la megarreforma a la fase de promulgación, considerando que cualquier error legislativo podría ser subsanado posteriormente. Esta decisión generó opiniones divididas, especialmente sobre la autoridad de la Contraloría para hacer reparos sobre cuestiones ya zanjadas en la discusión legislativa.
Finalmente, después de días de tensión, la Contraloría accedió a tomar razón del decreto promulgatorio, aunque no sin antes emitir un severo pronunciamiento sugiriendo a los legisladores la necesidad de clarificar las regulaciones relacionadas con las normas identificadas como inconstitucionales. Esta recomendación podría abrir las puertas a un nuevo proyecto de ley que subsane las inconsistencias detectadas. A pesar de la dureza de la advertencia de Pérez, su decisión permitió evitar un enfrentamiento directo entre la Contraloría y La Moneda, aliviando temporalmente la presión sobre la administración de Kast.
