La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado la decisión este miércoles de rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta resolución implica que Monsalve continuará en prisión preventiva en el recinto penal de Capitán Yáber, donde se encuentra desde su detención por ser acusado de delitos graves de abuso sexual y violación, relacionados con hechos denunciados en septiembre de 2024. La determinación del tribunal ha generado un fuerte eco en el ámbito judicial y político, dado el perfil del acusado.
La Novena Sala del tribunal de alzada argumentó que el recurso de amparo no es el mecanismo apropiado para desafiar la decisión del tribunal de garantía que había dictado la prisión preventiva. Según el fallo, el amparo fue desestimado al considerar que no existían razones para provocar una revisión de la decisión inicial, desestimando así cualquier alegato sobre un supuesto actuar arbitrario por parte del tribunal de primera instancia.
El tribunal de apelaciones indicó que la finalidad de la defensa de Monsalve en buscar un recurso de amparo se fundamentaba en la aspiración de obtener una tercera instancia de revisión, algo que no está permitido dentro del sistema procesal penal vigente en el país. Esta postura de la Corte refleja su firme postura en mantener la continuidad y rigor del procedimiento penal, especialmente en casos de delitos sexuales, donde se busca proteger tanto a las víctimas como a la comunidad.
En su resolución, la Corte también destacó que no se han presentado nuevos antecedentes que justifiquen una modificación en la medida cautelar impuesta a Monsalve. Los jueces expresaron que la continuidad de la prisión preventiva se sostiene en la existencia de un peligro tanto para la seguridad de la sociedad como para el normal desarrollo de la investigación, lo que acarrea serias implicancias para el futuro del exfuncionario.
La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido recibida con atención y expectativa en diversos sectores, especialmente entre las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las víctimas de abuso sexual. Este fallo reafirma la postura del sistema judicial chileno ante la gravedad de los delitos de carácter sexual y el imperativo de mantener un entorno seguro para las víctimas durante el proceso judicial, ante la creciente preocupación y el clamor social por una justicia eficaz.
